La Comisión Provincial de Urbanismo de Tarragona, dependiente de la Generalitat de Catalunya, acordó en su reunión del pasado miércoles declarar al circuito de Calafat como de utilidad pública. De esta forma, no se producirá su derribo, tal como ordenaba la sentencia del Tribunal Supremo. Los propietarios del circuito cederán éste y sus terrenos colindantes al Ayuntamiento de la Ametlla de Mar, por lo que la propiedad pasará a ser municipal.La decisión de la Comisión Provincial de Urbanismo permite al circuito catalán reiniciar de inmediato sus actividades deportivas, después de haber estado toda una temporada cerrado.